Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en jaque a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a conseguir el control en cerca de veinte compañías utilizando inapropiadamente los recursos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y director ejecutivo de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto empieza a gestarse en 2016, momento en el cual los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se ha hecho un uso indebido de los recursos de Gedesco JZ Internacional para identificar y capitalizar oportunidades de inversión mediante una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de doce filiales.
Esta estructura pretendía ocultar la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.
Este ámbito legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un enfrentamiento que subraya la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y administradores en el ámbito del capital peligro..